Calviño presiona a las patronales tras liderar 20 días la negociación de la reforma laboral sin avances

Calviño presiona a las patronales tras liderar 20 días la negociación de la reforma laboral sin avances

El diálogo del Gobierno con empresarios y sindicatos para acordar la reforma laboral no avanza. Veinte días después de que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tomara las riendas de las negociaciones forzando a Yolanda Díaz, responsable de Trabajo, a ver tuteladas sus iniciativas, el acuerdo que debe convertirse en ley el próximo 1 de enero se estanca..

La falta de progreso para el acuerdo genera cada vez más tensión entre el Gobierno y los empresarios, una situación que replica la que ya existe en las negociaciones para pactar reformas estructurales sobre el sistema de pensiones, donde el ministro José Luis Escrivá ya ha ha dado carpetazo a la primera parte del proceso con una advertencia: para las reformas de 2022 acotará el proceso de discusión con los agentes sociales, «que tienden a agotar plazos».

Ayer, el aviso procedió de Calviño, que ayer advirtió de que la aprobación de la propuesta de reforma laboral por parte de los empresarios «no es un condicionante en sí mismo» para la llegada de los fondos europeos. Aunque después matizó que trabaja con «determinación» para lograr que la reforma laboral cuente con el aval de sindicatos y empresarios, Cepyme y ATA, dos de las principales patronales incluidas en CEOE replicaron con ironía la aclaración les permitirá «dormir más tranquilos».

El cruce de declaraciones se produjo mientras Gobierno, sindicatos y empresas se reunían para negociar un acuerdo sobre las reformas necesarias en el marco laboral, una reunión que terminó «sin avances», según coincidieron en señalar sindicatos y patronales. La convocatoria del Gobierno centró los temas a tratar en los contratos formativos y recibió como respuesta la petición de que redacte una nueva propuesta a analizar la próxima semana.

El retraso en la agenda inicial para la aprobación de estos cambios fue advertido por UGT y es ya considerable. Del 15 de noviembre como fecha para acordar y tramitar la reforma, se ha pasado a que no hay progresos significativos a las puertas de diciembre. Lo sucedido ayer con los contratos de formación va en paralelo a las fórmulas planteadas para reducir la contratación temporal, objetivo principal de las negociaciones.

La semana pasada el Gobierno retiró la propuesta de limitar al 15% de las plantillas el número de trabajadores con contratos temporales y ofreció, ya con el visto bueno de Calviño, una tabla de limitaciones en función del tamaño de la empresa. Según el documento con la propuesta, las empresas de menos de cinco trabajadores podrían contratar a uno como temporal; a dos si tienen entre 6 y 10 trabajadores… y en el caso de empresas con más de 500 trabajadores, un 4% de la plantilla.

«No, no hemos avanzado en nada», admiten fuentes empresariales, que consideran que la propuesta resta flexibilidad a la gestión de los negocios. «Si la flexibilidad interna en la empresa es mínima, los ajustes se seguirán produciendo externamente y no por una reorganización del trabajo, que es hacia donde debemos ir; si le damos seguridad en eso a la empresa, no buscará otras vías de flexibilidad como puede ser la temporalidad».

Aunque Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha repetido en varias ocasiones que son ámbitos distintos, que la primera parte de la reforma de las pensiones haya concluido con un aumento de las cotizaciones sin alternativa tiene bastante que ver con el malestar en la negociación de la reforma laboral. Los empresarios han salido con algo más que un mal sabor de boca de sus conversaciones con Escrivá. El responsable de Seguridad Social planteó el 3 de noviembre una subida de cotizaciones del 0,6% durante una década para financiar el fondo de reserva de las pensiones. Doce días después, las patronales rechazaban firmar un acuerdo que Escrivá no movió, asegurando que no recibió ninguna propuesta por parte de los empresarios.

El Gobierno ha resuelto con las mismas contemplaciones los trámites en el Congreso de cara a cumplir su objetivo, pero las patronales han tomado nota para 2022, cuando toca negociar una segunda tanda de reformas que incluirá el destope de cotizaciones, por ejemplo. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, reconoció ayer que la relación con Seguridad Social es complicada» porque las negociaciones son «a la trágala».

Tanto Cuerva como Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), pusieron el acento en que el aumento de las cotizaciones revela que el planteamiento del Gobierno es «esquilmar mucho más» a los que están «dentro del sistema» más que atacar vías alternativas de elevar los ingresos del sistema, como es aflorar la economía sumergida.

Amor aseguró que actualmente hay una situación de «presión fiscal tremenda», que se está uniendo a una serie de componentes como el incremento de la luz o los carburantes y los componentes, «que hacen que no se pueda apretar más porque no hay más». En su opinión se está optando por «una patada adelante y mayor presión subiendo las cotizaciones» y hay otro ámbito en la mesa de la reforma laboral que plantea «mayores rigideces al mercado laboral y zancadillas a la contratación», advirtió al término de un acto de celebración del 40º aniversario de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), en Pamplona.

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