El Barça, contra las cuerdas por el ‘caso Negreira’: de la denuncia de la Fiscalía al duro comunicado del Madrid en 24 horas
Casi un año ha transcurrido desde que la Fiscalía iniciase la investigación del pago de 7,3 millones de euros en total que el FC Barcelona hizo a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018, entre al menos 2001 y el mismo año en el que dejó el cargo en el CTA. Un largo proceso que culminó este viernes con la formalización de la denuncia al club blaugrana como persona física, y a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.
El Ministerio Público acusa a la entidad culé y a los exdirigentes de presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental, al considerar que el club tenía un «acuerdo verbal estrictamente confidencial» con el exárbitro para garantizar «actuaciones tendentes a favorecer» al Barça «en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase», así como en los «resultados de las competiciones», «a cambio de dinero».
En este sentido, el escrito apunta que estos pagos -en concreto, los que se hicieron entre enero de 2011 y junio de 2018 a las empresas de Negreira, Dasnil S.L, y Nilsad SCP-, de los que hay factura, se hicieron sin «ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real» a cambio, y subraya que el papel de Negreira en el CTA incluía el de la designación de los colegiados para los encuentros, los ascensos y descensos de categoría de los colegiados, y las propuestas para ser internacionales.
Los pagos al excolegiado, que superaron los 7,3 millones de euros, no fueron aprobados por los estatutos del club ni por su Asamblea General, por lo que no tienen «soporte legal ni estatuario alguno», apunta la Fiscalía, que recoge en la denuncia el burofax enviado por Negreira al FC Barcelona en el que amenazaba con destapar «todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano» durante su relación con el club si no seguía cobrando.
El Ministerio Fiscal ha incluido en la denuncia, además de a Rosell, a quien también acusa de administración desleal, y a Bartomeu, que también se enfrenta a un delito de administración desleal y otro por falsedad en documento mercantil, a Oscar Grau, ex director ejecutivo del Barça, y a Albert Soler, ex directivo del club y ex director general de deportes del CSD. Dos personas «de la máxima confianza» de Bartomeu, apunta la Fiscalía.
La postura del Real Madrid, LaLiga y la RFEF
Tras más de un mes de silencio desde que saliese a la luz la vinculación del conjunto blaugrana con el exvicepresidente del CTA, el Real Madrid se ha pronunciado este sábado para comunicar que su presidente, Florentino Pérez, «ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva» este domingo.
En la Asamblea, el conjunto blanco decidirá «las acciones que estime oportunas en relación a este asunto», que pasaría, según han informado varios medios como la Cadena COPE y El País, personarse como acusación particular en la denuncia de la Fiscalía.
En este sentido, la entidad madridista lo haría en una causa aparte a la presentada por LaLiga, que a los pocos días de conocerse las informaciones relativas a los pagos a Enríquez Negreira emitió un vídeo de su dirigente, Javier Tebas, en el que ya anunciaba que si llegaba a los juzgados acudiría como acusación particular, aunque explicaba que los hechos habían prescrito, por lo que el Barça no se enfrentaba a sanciones deportivas.
El presidente del campeonato nacional además ha asegurado que «como nosotros no podíamos intervenir porque había prescrito, escribimos a la UEFA, cosa que no hicieron otras instituciones», en el momento en el que tuvieron conocimiento de lo ocurrido.
Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol también anunció al conocerse la noticia que se personaría en caso de que se llegase a los tribunales, aunque se desvinculó de los hechos, puesto que se produjeron antes de que se renovase el CTA con la entrada de Luis Rubiales a la presidencia.
Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, aseguró el pasado 2 de marzo que no existía «evidencia ni prueba que demuestre que un árbitro es deshonesto».
A qué se enfrenta el Barça
Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos ya explicaron anteriormente que, si el FC Barcelona era acusado por un delito continuado de corrupción entre particulares, algo que finalmente ha ocurrido, podría enfrentarse a un agravamiento de «la pena de cuatro a seis años y haría que la prescripción fuese de 10 años, con inhabilitación de uno a seis años y multa del triple del valor del beneficio o ventaja».
Además, el conjunto blaugrana podría quedarse fuera de las competiciones organizadas por la UEFA, puesto que el Reglamento de la Champions League, Europa League y Conference League recoge como requisito en su artículo 4 que el club en cuestión «no haber estado implicado directa y/o indirectamente, desde la entrada en vigor del apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2007, en ninguna actividad dirigida a amañar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional y confirmarlo por escrito a la administración de la UEFA».
Si la institución concluye en la implicación de dicho club, «la UEFA declarará a dicho club no elegible para participar en la competición. Dicha inelegibilidad sólo será efectiva durante una temporada futbolística», explica en su página web.
Casi un año ha transcurrido desde que la Fiscalía iniciase la investigación del pago de 7,3 millones de euros en total que el FC Barcelona hizo a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018, entre al menos 2001 y el mismo año en el que dejó el cargo en el CTA. Un largo proceso que culminó este viernes con la formalización de la denuncia al club blaugrana como persona física, y a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.
El Ministerio Público acusa a la entidad culé y a los exdirigentes de presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental, al considerar que el club tenía un «acuerdo verbal estrictamente confidencial» con el exárbitro para garantizar «actuaciones tendentes a favorecer» al Barça «en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase», así como en los «resultados de las competiciones», «a cambio de dinero».
En este sentido, el escrito apunta que estos pagos -en concreto, los que se hicieron entre enero de 2011 y junio de 2018 a las empresas de Negreira, Dasnil S.L, y Nilsad SCP-, de los que hay factura, se hicieron sin «ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real» a cambio, y subraya que el papel de Negreira en el CTA incluía el de la designación de los colegiados para los encuentros, los ascensos y descensos de categoría de los colegiados, y las propuestas para ser internacionales.
Los pagos al excolegiado, que superaron los 7,3 millones de euros, no fueron aprobados por los estatutos del club ni por su Asamblea General, por lo que no tienen «soporte legal ni estatuario alguno», apunta la Fiscalía, que recoge en la denuncia el burofax enviado por Negreira al FC Barcelona en el que amenazaba con destapar «todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano» durante su relación con el club si no seguía cobrando.
El Ministerio Fiscal ha incluido en la denuncia, además de a Rosell, a quien también acusa de administración desleal, y a Bartomeu, que también se enfrenta a un delito de administración desleal y otro por falsedad en documento mercantil, a Oscar Grau, ex director ejecutivo del Barça, y a Albert Soler, ex directivo del club y ex director general de deportes del CSD. Dos personas «de la máxima confianza» de Bartomeu, apunta la Fiscalía.
La postura del Real Madrid, LaLiga y la RFEF
Tras más de un mes de silencio desde que saliese a la luz la vinculación del conjunto blaugrana con el exvicepresidente del CTA, el Real Madrid se ha pronunciado este sábado para comunicar que su presidente, Florentino Pérez, «ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva» este domingo.
En la Asamblea, el conjunto blanco decidirá «las acciones que estime oportunas en relación a este asunto», que pasaría, según han informado varios medios como la Cadena COPE y El País, personarse como acusación particular en la denuncia de la Fiscalía.
En este sentido, la entidad madridista lo haría en una causa aparte a la presentada por LaLiga, que a los pocos días de conocerse las informaciones relativas a los pagos a Enríquez Negreira emitió un vídeo de su dirigente, Javier Tebas, en el que ya anunciaba que si llegaba a los juzgados acudiría como acusación particular, aunque explicaba que los hechos habían prescrito, por lo que el Barça no se enfrentaba a sanciones deportivas.
El presidente del campeonato nacional además ha asegurado que «como nosotros no podíamos intervenir porque había prescrito, escribimos a la UEFA, cosa que no hicieron otras instituciones», en el momento en el que tuvieron conocimiento de lo ocurrido.
Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol también anunció al conocerse la noticia que se personaría en caso de que se llegase a los tribunales, aunque se desvinculó de los hechos, puesto que se produjeron antes de que se renovase el CTA con la entrada de Luis Rubiales a la presidencia.
Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, aseguró el pasado 2 de marzo que no existía «evidencia ni prueba que demuestre que un árbitro es deshonesto».
A qué se enfrenta el Barça
Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos ya explicaron anteriormente que, si el FC Barcelona era acusado por un delito continuado de corrupción entre particulares, algo que finalmente ha ocurrido, podría enfrentarse a un agravamiento de «la pena de cuatro a seis años y haría que la prescripción fuese de 10 años, con inhabilitación de uno a seis años y multa del triple del valor del beneficio o ventaja».
Además, el conjunto blaugrana podría quedarse fuera de las competiciones organizadas por la UEFA, puesto que el Reglamento de la Champions League, Europa League y Conference League recoge como requisito en su artículo 4 que el club en cuestión «no haber estado implicado directa y/o indirectamente, desde la entrada en vigor del apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2007, en ninguna actividad dirigida a amañar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional y confirmarlo por escrito a la administración de la UEFA».
Si la institución concluye en la implicación de dicho club, «la UEFA declarará a dicho club no elegible para participar en la competición. Dicha inelegibilidad sólo será efectiva durante una temporada futbolística«, explica en su página web.