El Ejecutivo subirá al menos dos millones de pensiones al vincularlas al SMI

El Ejecutivo subirá al menos dos millones de pensiones al vincularlas al SMI

reforma de las pensiones

El Gobierno se comprometió ayer a vincular las pensiones mínimas al SMI, que en 2023 llegará a 1.000 euros. El Ejecutivo saca adelante su reforma gracias a ERC y Bildu y rechaza las enmiendas de PP y Ciudadanos.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá el pasado mes de mayo. EFE/Kiko Huesca

CÉSAR URRUTIA


@cesarurrutiasj

MADRID

Actualizado Martes,
23
noviembre
2021

02:00

REFORMA DE LAS PENSIONES El Pacto de Toledo protesta contra el «atropello» de Escrivá al Congreso en su reforma de las pensiones REFORMA DE LAS PENSIONES Escrivá cierra la puerta a las demandas de los jubilados forzosos de la crisis financiera

El Gobierno vinculará las pensiones mínimas a la evolución del SMI. El compromiso de tener aprobada para el próximo 1 de enero la reforma de las pensiones obliga al Ejecutivo a una tramitación parlamentaria que ha levantado ampollas entre todos los grupos y que ha ligado la norma al apoyo de ERC y Bildu mientras otros grupos como PP o Ciudadanos ven rechazadas sus aportaciones.

En concreto, por la enmienda transaccional aprobada ayer en el Congreso, el Gobierno se compromete a impulsar en el plazo de un año desde la aprobación de la ley «modificaciones normativas para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones».

El compromiso abre por lo tanto una vía a reforzar el salario Mínimo Interprofesional como un indicador cada vez más relevante en términos macroeconómicos. La promesa de Pedro Sánchez de situarlo en 1.000 euros -ahora asciende a 965 euros- representa afectar los salarios de uno de cada cinco trabajadores, alrededor de cuatro millones. La nueva obligación moverá todas las pensiones que se sitúan por debajo del mínimo y que deben ser complementadas para alcanzarlo, un número que asciende a 2,3 millones y que representa prácticamente una cuarta parte del total registrado en el sistema.

El impacto económico sobre un sistema que se reforma por razones de sostenibilidad es incierto. La cuantía de las pensiones mínimas es fijada por ley y en 2021 asciende a 609 euros en el caso de una pensión por jubilación con menos de 65 años y cónyuge no a cargo. La diferencia con el SMI actual es de 365 euros, un 58% y de hecho, la mayor parte de las pensiones, alrededor de un 60%, se sitúan por debajo del SMI. A través de la enmienda, Seguridad social se compromete a fijar una relación entre pensiones mínimas y salario mínimo que no tiene por qué ser equivalente, sino una proporción aún por determinar. Si, por ejemplo, se estableciera que las pensiones mínimas deben representar el 80% del SMI actual la prestación de 609 euros del caso anterior debería elevarse en 163 euros mensuales, hasta 772 euros.

La ejecución de este compromiso no sucedería antes del 1 de enero de 2023, cuando el SMI se situaría ya en los 1.000 euros prometidos por Sánchez y estaría sujeta a la consulta previa de las mesas de diálogo social y de la «sostenibilidad financiera y social del sistema».

Dada la experiencia del diálogo social con la reforma de las pensiones conducida por José Luis Escrivá, la primera condición no supone una gran aportación. En su última propuesta de reforma, Escrivá presentó a patronales y sindicatos el Mecanismo de equidad Intergeneracional (MEI) sólo 12 días antes de iniciar el trámite parlamentario, que inició el pasado día 15 de noviembre únicamente con el apoyo sindical.

La segunda condición, sin embargo, deja las manos libres a Seguridad Social para determinar en qué medida eleva las pensiones mínimas. El compromiso asumido es cuidadosamente ambiguo como para servir de baza electoral sin establecer ninguna cuantía.

En este sentido, la sostenibilidad del sistema de pensiones ha sido el argumento de Escrivá para dejar a un lado las demandas de la mayoría de los prejubilados forzosos con carreras de cotización superiores a 40 años en la gran crisis financiera. Hasta la actual tramitación, su causa había sido atendida por el PSOE y defendida por Unidas Podemos. El coste superior a 2.000 millones de euros anuales y el efecto llamada que podría provocar compensar las penalizaciones a sus pensiones han anulado los compromisos.

Los mismos grupos que le han ayudado a sacar adelante la reforma, advirtieron ayer al Gobierno que le exigirán el año que viene que compense al resto de pensionistas. A cambio de su apoyo, ERC y Bildu impusieron también una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social desde 1967. También se aprobó la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

El Gobierno, que ha recibido del Pacto de Toledo un toque de atención por atropellar todas las garantías que establece el trámite parlamentario con su reforma de las pensiones, ha rechazado todo tipo de enmiendas procedentes de grupos como PP y Ciudadanos, como era el caso de elevar a 5.000 euros las cuantías máximas a los planes de pensiones individuales o buscar alternativas a la subida de cotizaciones. Como resultado, la comisión encargada de consensuar en el Congreso las reformas de las pensiones considera que el Ejecutivo ha dado mayor relevancia al diálogo con sindicatos y empresas que al poder legislativo. El Pacto de Toledo está mucho más dividido ahora que antes de empezar el proceso de reformas.

Conforme a los criterios de

The Trust Project

Saber más

Deja una respuesta