El Gobierno aprobará la nueva Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 18 de enero

El Gobierno aprobará la nueva Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 18 de enero

El Gobierno tiene previsto aprobar la Ley por el Derecho a la Vivienda, en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el 18 de enero, según ha anunciado este domingo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Esta norma, que ha sido objeto de mucha polémica en el sector, permitirá a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.

«La aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del día 18 de enero y la previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley tan esperada. Y partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria», ha confirmado a la agencia EFE la ministra durante su visita a la Expo de Dubái.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que terminarse el año.

Raquel Sánchez ha precisado que «en breve» el Gobierno contará con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y negó que exista preocupación por el contenido del mismo.

Este informe era preceptivo porque la norma modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, el CGPJ lamentó la semana pasada que no había tenido tiempo suficiente para elaborarlo antes de enero.

Esta ley ha provocado recelo en el sector inmobiliario, que cree que su aprobación reducirá la oferta de vivienda, empeorará el mantenimiento de los inmuebles y conducirá el mercado de alquiler a la economía sumergida.

Sin embargo, Sánchez ha defendido que el texto del anteproyecto de ley ha tenido al final una «acogida positiva» en el sector inmobiliario.

«Yo creo que más allá de algunas críticas puntuales que se han producido, pero que quiero decir y avanzar que han sido muy puntuales y que es verdad que en un primer momento se generó cierta inquietud por parte del sector, puedo aventurar a decir que ha sido una acogida positiva por el sector», ha sacado pecho.

Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada, pero solo si la zona se considera tensionada -es decir, si los gastos de vivienda suponen más del 30% de la renta-.

Otros puntos del texto es penalizar las viviendas vacías, pues el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100% si está vacía más de tres años y del 150% si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.