El ponente del CGPJ respalda la ley de vivienda del Gobierno, pero avisa de que tensionará los tribunales

El ponente del CGPJ respalda la ley de vivienda del Gobierno, pero avisa de que tensionará los tribunales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo viernes para estudiar la propuesta de informe al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe que debatirán los vocales, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge unas consideraciones generales favorables al considerar el anteproyecto de ley como «un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda», que la Constitución recoge en su artículo 47.1. La ponencia del estudio ha correspondido al consejero progresista Álvaro Cuesta.

La propuesta de informe, de 98 páginas, sostiene que el texto del anteproyecto pretende también garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las comunidades autónomas.

El anteproyecto analizado define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de compra y arrendamiento de la vivienda. Entre otras medidas, incluye las relativas a la información y transparencia en materia de vivienda y suelo y las referidas a la contención de los precios del alquiler y a la modificación de los procedimientos de desahucio, contenidas en las disposiciones finales.

Entre otras consideraciones, la ponencia del CGPJ advierte de la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar. Como ejemplo de ello, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

También echa de menos el ponente que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe de Cuesta, el anteproyecto legal requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

Esa falta de concreción se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento. Esta solución, recoge la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada.

La propuesta de informe que será debatida el viernes por el Pleno señala, por otra parte, que el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución. La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, el borrador de informe pide mayor precisión en las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas. Se sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico. «Es cierto que las medidas de contención de los precios de alquiler que se contemplan en la disposición final primera del anteproyecto, con la modificación de la LAU, están dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado, y que la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente en los términos previstos en el artículo 18.2 d) del Anteproyecto, pero ello no conlleva por sí mismo la imposición de la obligación de revisar el sistema en función del análisis empírico del resultado de las medidas adoptadas», recalca Cuesta.

En este sentido, el hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado -declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación, recuerda la propuesta de informe.

Por otro lado, el informe resalta que la nueva ley de vivienda ha de convivir con la numerosa legislación autonómica dictada en materia de vivienda -de la que ya se ha hecho mención más arriba-, y que, con el proclamado carácter básico, ha de servir de parámetro de constitucionalidad de la normativa autonómica. El informe que apruebe finalmente el Pleno del Consejo será preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo.

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