Las gimnastas abusadas por Larry Nassar piden 1.000 millones de dólares al FBI por no haberlas protegido

Más de 90 víctimas de abusos del doctor Larry Nassar en connivencia (o al menos permisividad) de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos han abierto un nuevo camino en su búsqueda de justicia que puede suponer un antes y un después para la justicia del país americano.
Cada una de ellas ha demandado al FBI por una cantidad individual de 50 millones lo que hace un total de 1000 millones de dólares. El bufete de abogados que ha asumido la representación de Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney, Maggie Nichols y otras campeonas olímpicas y mundiales han decidido mirar más arriba de la Federación, con quienes ya habían llegado a un acuerdo. Una vez culpados los estamentos deportivos, van a pedir explicaciones a las autoridades federales por lo que consideran una dejación en su deber de protección.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es quien depende el FBI, tendrá que responder según la Ley Federal de Reclamos de Agravio, por la cual tendrán seis meses para llegar a un acuerdo con los denunciantes o bien asumirán el juicio ante una corte federal. Ahora mismo, las demandantes están en el primer paso y sostienen que cada demanda es suficiente para compensar el daño sufrido.
El FBI no investigó como debía
Las denunciantes afirman que ya desde julio de 2015 el FBI tenía en su poder pruebas y testimonios de víctimas suficientemente creíbles como para tomar acciones, pero ni se les entrevistó ni se investigaron los abusos que habían sufrido.
«Los funcionarios del FBI, que poseían este conocimiento y estaban en posición de poner fin a la depredación de Nassar, fueron gravemente negligentes en sus deberes, lo que resultó en que Nassar agrediera sexualmente a aproximadamente 100 mujeres jóvenes y niños entre el 28 de julio de 2015 y el 12 de septiembre de 2016, y conspiraron con el funcionarios de más alto rango dentro del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos y USA Gymnastics para ocultar este conocido abuso sexual de las víctimas previsibles», sostienen en la denuncia.
«El FBI abandonó gravemente sus deberes al negarse a entrevistar a las gimnastas que estaban dispuestas a hablar sobre el abuso, al no transferir la denuncia a Lansing (Michigan), donde Nassar continuaba abusando de las niñas, al ignorar su obligación de denunciar el abuso infantil al estado y agencias federales y mentir al Congreso, los medios y en la sede del FBI sobre su falta de diligencia en la investigación de la denuncia de Nassar», señalan.
Larry Nassar cumple sentencia de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil, a los que se debe unir una pena de entre 40 a 175 años por siete cargos de conducta sexual criminal. A efectos prácticos, es una cadena perpetua.

Las gimnastas abusadas por Larry Nassar piden 1.000 millones de dólares al FBI por no haberlas protegido

Más de 90 víctimas de abusos del doctor Larry Nassar en connivencia (o al menos permisividad) de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos han abierto un nuevo camino en su búsqueda de justicia que puede suponer un antes y un después para la justicia del país americano. Cada una de ellas ha demandado al FBI por una cantidad individual de 50 millones lo que hace un total de 1000 millones de dólares. El bufete de abogados que ha asumido la representación de Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney, Maggie Nichols y otras campeonas olímpicas y mundiales han decidido mirar más arriba de la Federación, con quienes ya habían llegado a un acuerdo. Una vez culpados los estamentos deportivos, van a pedir explicaciones a las autoridades federales por lo que consideran una dejación en su deber de protección. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es quien depende el FBI, tendrá que responder según la Ley Federal de Reclamos de Agravio, por la cual tendrán seis meses para llegar a un acuerdo con los denunciantes o bien asumirán el juicio ante una corte federal. Ahora mismo, las demandantes están en el primer paso y sostienen que cada demanda es suficiente para compensar el daño sufrido. El FBI no investigó como debía Las denunciantes afirman que ya desde julio de 2015 el FBI tenía en su poder pruebas y testimonios de víctimas suficientemente creíbles como para tomar acciones, pero ni se les entrevistó ni se investigaron los abusos que habían sufrido. "Los funcionarios del FBI, que poseían este conocimiento y estaban en posición de poner fin a la depredación de Nassar, fueron gravemente negligentes en sus deberes, lo que resultó en que Nassar agrediera sexualmente a aproximadamente 100 mujeres jóvenes y niños entre el 28 de julio de 2015 y el 12 de septiembre de 2016, y conspiraron con el funcionarios de más alto rango dentro del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos y USA Gymnastics para ocultar este conocido abuso sexual de las víctimas previsibles", sostienen en la denuncia. "El FBI abandonó gravemente sus deberes al negarse a entrevistar a las gimnastas que estaban dispuestas a hablar sobre el abuso, al no transferir la denuncia a Lansing (Michigan), donde Nassar continuaba abusando de las niñas, al ignorar su obligación de denunciar el abuso infantil al estado y agencias federales y mentir al Congreso, los medios y en la sede del FBI sobre su falta de diligencia en la investigación de la denuncia de Nassar", señalan. Larry Nassar cumple sentencia de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil, a los que se debe unir una pena de entre 40 a 175 años por siete cargos de conducta sexual criminal. A efectos prácticos, es una cadena perpetua.

Más de 90 víctimas de abusos del doctor Larry Nassar en connivencia (o al menos permisividad) de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos han abierto un nuevo camino en su búsqueda de justicia que puede suponer un antes y un después para la justicia del país americano.

Cada una de ellas ha demandado al FBI por una cantidad individual de 50 millones lo que hace un total de 1000 millones de dólares. El bufete de abogados que ha asumido la representación de Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney, Maggie Nichols y otras campeonas olímpicas y mundiales han decidido mirar más arriba de la Federación, con quienes ya habían llegado a un acuerdo. Una vez culpados los estamentos deportivos, van a pedir explicaciones a las autoridades federales por lo que consideran una dejación en su deber de protección.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es quien depende el FBI, tendrá que responder según la Ley Federal de Reclamos de Agravio, por la cual tendrán seis meses para llegar a un acuerdo con los denunciantes o bien asumirán el juicio ante una corte federal. Ahora mismo, las demandantes están en el primer paso y sostienen que cada demanda es suficiente para compensar el daño sufrido.

El FBI no investigó como debía

Las denunciantes afirman que ya desde julio de 2015 el FBI tenía en su poder pruebas y testimonios de víctimas suficientemente creíbles como para tomar acciones, pero ni se les entrevistó ni se investigaron los abusos que habían sufrido.

«Los funcionarios del FBI, que poseían este conocimiento y estaban en posición de poner fin a la depredación de Nassar, fueron gravemente negligentes en sus deberes, lo que resultó en que Nassar agrediera sexualmente a aproximadamente 100 mujeres jóvenes y niños entre el 28 de julio de 2015 y el 12 de septiembre de 2016, y conspiraron con el funcionarios de más alto rango dentro del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos y USA Gymnastics para ocultar este conocido abuso sexual de las víctimas previsibles», sostienen en la denuncia.

«El FBI abandonó gravemente sus deberes al negarse a entrevistar a las gimnastas que estaban dispuestas a hablar sobre el abuso, al no transferir la denuncia a Lansing (Michigan), donde Nassar continuaba abusando de las niñas, al ignorar su obligación de denunciar el abuso infantil al estado y agencias federales y mentir al Congreso, los medios y en la sede del FBI sobre su falta de diligencia en la investigación de la denuncia de Nassar», señalan.

Larry Nassar cumple sentencia de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil, a los que se debe unir una pena de entre 40 a 175 años por siete cargos de conducta sexual criminal. A efectos prácticos, es una cadena perpetua.