Los socios del Gobierno piden investigar los escándalos de la Federación: el caso Rubiales, la Supercopa y Piqué, el espionaje a Aganzo…

Los grupos Republicano y EH Bildu, junto a Podemos y el BNG, han registrado en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre…

Los socios del Gobierno piden investigar los escándalos de la Federación: el caso Rubiales, la Supercopa y Piqué, el espionaje a Aganzo…

Los grupos Republicano y EH Bildu, junto a Podemos y el BNG, han registrado en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre...

Los grupos ERC y EH Bildu, junto a Podemos y el BNG, han registrado en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El documento considera «perentorio que se aclaren las presuntas irregularidades y eventualmente sus responsables, que lastran la imagen de la RFEF», «una asociación privada, declarada de utilidad pública que recibe fondos del erario» y que está sometida a la legislación vigente aplicable a los agentes colaboradores de la Administración Pública.

En su exposición de motivos, alude a «los escándalos» relacionados con la RFEF y, en especial, con su expresidente, Luis Rubiales, tras la presunta agresión sexual a la jugadora Jenni Hermoso, así como a la publicación de informaciones «preocupantes relacionadas con la falta de ética y transparencia en el funcionamiento de la entidad y algunos de sus miembros».

También repasa una serie de acontecimientos, como la «renuncia de las 15» internacionales en 2022 de acudir a la selección que luego ganó el Mundial y los hechos ocurridos tras el mismo, como «el esperpéntico discurso» que Rubiales ofreció en la Asamblea federativa en la que se negó a dimitir, cargó contra Jenni Hermoso y «renegó del movimiento feminista».

Igualmente señala que, a consecuencia de las reclamaciones de las jugadoras tras lograr el título, se produjo el cese del anterior secretario general, Andreu Camps, hecho que «destapó las elevadísimas remuneraciones de los miembros de la alta dirección, que entre 2018 y 2021 pasaron de 1,8 millones a 7».

El escrito destaca que Andreu Camps percibía una retribución bruta anual de 240.000 euros, que el salario de Rubiales se situaba en 675.761 euros, junto a una ayuda para vivienda de 36.000 euros anuales, y que recibe cerca de 14 millones cada año del Consejo Superior de Deportes como subvenciones.

También se refiere a las dudas sobre presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal bajo la presidencia de Rubiales y cita en concreto el caso del contrato con Arabia Saudí para la disputa en este país de la Supercopa de España, que garantiza a la RFEF unos ingresos de 40 millones de euros libres de impuestos por temporada.

Las grabaciones «clandestinas registradas por el propio Rubiales a ministros y cargos del Gobierno», junto a la denuncia del exjefe de Gabinete y tío de Rubiales en la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto desvío de dinero federativo para pagar varias orgías, y la de la Asociación de Futbolistas (AFE), David Aganzo, por presunto espionaje aparecen igualmente reseñadas.

La comisión investigará «las eventuales conductas personales que pueden ser constitutivas de delito de género en el seno de la RFEF y su estructura», el cumplimiento del protocolo del organismo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual y la composición y funcionamiento de los órganos a cargo de depurar responsabilidades en caso de que se cometan posibles agresiones sexuales.

También el cumplimiento del plan de igualdad entre hombres y mujeres en la RFEF; la composición, funcionamiento y condiciones retributivas de todos sus departamentos con perspectiva de género; el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de sus directivos y las eventuales responsabilidades personales en la presunta administración desleal.

Los posibles gastos indebidos e injustificados de algunos directivos; las acusaciones de espionaje, coacciones o presiones por parte de altos cargos actuales y de los últimos años son otros de los objetivos de la comisión, que propondrá medidas de control y transparencia para evitar que se puedan repetir presuntas irregularidades.

La comisión marca un plazo inicial de seis meses para hacer su trabajo, antes de elevar al Pleno para su debate y aprobación el dictamen con sus conclusiones, según el documento que firman Gabriel Rufián (Grupo Republicano), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Ione Belarra (Podemos) y Néstor Rego (BNG).