Un tercio de las ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia se queda sin conceder

Un tercio de las ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia se queda sin conceder

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo un decreto por el que transfería a las autonomías 7.000 millones de euros destinados ayudas directas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el covid. Un año después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontrará con que un tercio volverá a las arcas de Hacienda. Los requisitos impuestos y las dificultades en la tramitación, transferida a las comunidades, han rebajado el nivel de ejecución de esos fondos, que apenas ha alcanzado el 65% en algunos territorios. En otros no ha llegado ni al 50% de las cantidades asignadas en el reparto.

Este es el caso de la Comunidad Valenciana, donde los llamados Plan Resistir y Resistir Plus han repartido en total 312 millones de euros a 16.250 empresas y autónomos, solo un 48% de los 647 millones que aportó el Gobierno. Tres convocatorias han sido necesarias para la ejecución del plan, así como la contratación de la empresa pública Tragsa para poder gestionarlas.

Entre la primera y la segunda se concedieron 235 millones y en la última de diciembre, ya con la flexibilización de algún requisito que hizo Hacienda en septiembre, 76,5 millones más. Algo que el propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, considera insuficiente para compensar al tejido productivo golpeado por la crisis, de ahí que haya solicitado que se alargue el plazo para pedir estas ayudas hasta el próximo 30 de junio. Para Soler, una de las causas por las que no hay más beneficiarios es la existencia de «estrictos criterios en el Real Decreto«, que la Comunidad Valenciana trató de flexibilizar al máximo dentro del marco estatal.

Estas ayudas fueron concebidas solo para empresas, con un máximo de 200.000 euros, y autónomos, hasta 3.000, de sectores como el turismo, la hostelería o el comercio que no hubieran tenido pérdidas en 2019 y cuya facturación hubiera caído un 30% como consecuencia directa de la pandemia. No se podían destinar los fondos al pago de deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, una de las principales quejas de los autónomos. Su finalidad era, principalmente, proveedores, suministros, alquileres o préstamos. Después las autonomías ampliaron los sectores, desapareció el criterio de no haber tenido pérdidas en 2019 y se permitió imputar gastos fijos. Aún así, las ayudas no han tenido el impacto buscado.

Lo ocurrido en la Comunidad Valenciana no es una excepción. Autonomías como Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia o Asturias mantienen un nivel de ejecución de estos fondos por debajo de la mitad. También Galicia, que ha lanzado cuatro convocatorias para otorgar los 234,4 millones que le concedió el Gobierno y apenas ha gestionado 6.000 solicitudes que no llegan a cubrir el 50%.

La Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja superan el 65%, mientras que Andalucía se queda en el 54%, con 600 millones desembolsados de los 1.109 concedidos. Las excepciones han sido Baleares y Canarias. Por su particular vinculación con el turismo, el Gobierno reservó 2.000 de los 7.000 millones a estas dos autonomías y amplió hasta los cinco millones de euros las ayudas que podían solicitar los empresarios.

En el caso de Baleares, el 100% de los 855 millones asignados han llegado a los afectados que solicitaron las ayudas. Canarias, que recibió 1.144, ronda el 80% en la ejecución.

Además de los estrictos requisitos y la burocracia administrativa de la tramitación, uno de los principales problemas que han presentado estas ayudas por su diseño es que fueron diseñadas únicamente para las empresas que no estaban al corriente del pago de sus deudas, con lo que quedaron excluidas todas aquellas que hicieron un esfuerzo durante los peores meses de la pandemia para hacer frente a sus obligaciones financieras.

Las ayudas sólo podrían destinarse al pago de deudas y costes fijos pendientes de pago que se hubieran devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Este matiz, que salió a la luz cuando se publicó la norma, llevó a muchas comunidades a quejarse del diseño y a advertir ya entonces, en abril del año pasado, de que parte de los fondos no llegaría a ejecutarse. Además de que, por su redacción, la norma parecía incitar a las empresas a dejar de pagar sus deudas para poder acceder a las ayudas, advirtieron algunas autonomías.

«La finalidad de la ayuda parece dirigida a que los acreedores cobren, de forma que discrimina a las empresas que han cumplido con los pagos en tiempo y forma, favoreciendo a aquellas que no lo han hecho y mantienen la deuda. Los requisitos de pago futuro y de prelación, además de complejos, son difícilmente entendibles y justificables», denunció la Junta de Andalucía.

El sistema de reparto utilizado para distribuir los fondos destinados a las ayudas entre las comunidades autónomas también fue objeto de polémica, ya que el Gobierno tuvo en cuenta en un 66% el impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades, y en un 33% la evolución del empleo y, en concreto, del paro juvenil. No se valoró la situación que atravesaba el tejido productivo de cada comunidad, al que finalmente se dirigirían las ayudas.

De acuerdo a este criterio para el reparto de 5.000 millones, Andalucía fue la comunidad que recibió una mayor cantidad de fondos (1.109 millones), seguida de Cataluña (993 millones), la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (ambas con 647 millones).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (13 y 12 millones, respectivamente), La Rioja (32 millones), Cantabria (55 millones) y la Comunidad Foral de Navarra (67 millones) fueron las que menos recibieron.

Los 2.000 millones para los archipiélagos se distribuyeron de forma que Baleares percibió 855 millones y Canarias, 1.144 millones.